Señor
Director:
Cumpliéndose
casi 6 años desde aquel bello momento en que se pensó modernizar el Sistema de
Protección Civil para enfrentar desastres, no puedo dejar pasar esta ocasión
para reflexionar sobre el encabezado de esta carta.
Tras
todo este largo tiempo, el proyecto original ha sido transformado en una
especie de “Elefante Blanco”, tan ambicioso que genera altas expectativas, pero
que ha olvidado dos grandes aspectos de nuestra cultura: nuestra realidad y
nuestro presupuesto.
Nuestra
realidad, y tal como señalaran al unísono la Presidenta, el Ministro y el
Intendente, es que el Cambio Climático llegó para quedarse, (algo ya sabido,
pero que parece el síndrome de “materia pasada, materia olvidada”). Esta
realidad, sumada al “rápido olvido” de los fuertes desastres que han producido
los eventos naturales o aquellos provocados por el hombre, dan cuenta no solo
de que aún no entendemos que los desastres se producen por la vulnerabilidad de
nuestros habitantes y no porque llueva mucho, y que el sistema entero tiene
falencias conceptuales que dan paso a la descoordinación y a la emergencia de
teorías tipo “hay que hacer todo de nuevo”.
Muchos
dicen que justamente para ello está el nuevo proyecto, no obstante, no es
menester señalar que primero debe haber un cambio de actitud y de conciencia
tan grande en nuestros gobernantes – en todos los niveles
político-administrativos- que a nadie le quepa duda de que Chile ha sido
erigido, casi en su totalidad, sobre zonas vulnerables en algún grado a alguna
amenaza de origen natural. Ciudades enteras cercanas o atravesadas por el cauce
de un río, o bajo una cota adecuada en caso de tsunami, o incluso sobre alguna
falla geológica como la Falla de San Ramón.
El
propio Director de Onemi indicó en un Seminario recién realizado en Sofofa, que
el Sistema Nacional de Protección Civil, como está ahora, funciona. Señaló que
solo se requiere reforzarlo y potenciarlo, pero no era necesario un nuevo
proyecto.
Por
otro lado, nuestro presupuesto da cuenta de un excesivo centralismo que se
traduce, entre otras cosas, en que el grado de descentralización fiscal, en
función del gasto público de los gobiernos regionales dentro del gasto total
del gobierno general, Chile se encuentra en un rango cercano sólo al 20%
(Cetrángolo, 2006). Asimismo, un análisis de la evolución de la
descentralización fiscal para el período 1996-2004 (Daughters y Harper, 2006),
indica que Chile se encuentra entre los países de bajo grado de
descentralización y con nulo o negativo crecimiento en el período de la
participación de los gobiernos locales y regionales en el gasto público total.
En este sentido, el nuevo proyecto requiere varios miles de millones de pesos
anuales para su puesta en marcha y luego para su funcionamiento.
¿Que
implica la descentralización en materia de desastres? Que no importa como
vistamos al “Elefante Blanco”, tramitado eternamente en el Congreso, mientras
no estemos dispuestos a descentralizar, efectivamente y con antelación, el
presupuesto nacional para prevenir, mitigar y responder ante la ocurrencia de
desastres.
Pero
como la descentralización presupuestaria no ha sido eficiente, nos pasa lo que
publica El Mercurio (14 de mayo 2016), que los Municipios destinaron en
promedio solo $ 20 millones para emergencias en 2016. Ese dinero, si usted hace
un cálculo simple, no alcanza para nada. Por supuesto, el resto del dinero
que se gasta en desastres viene de Santiago.
Ante
tal “desastre” aparecen entonces los “opinólogos” que creen que la solución
pasa por que “los Militares se hagan cargo” o que “ya que los bomberos saben
más de emergencias, que ellos se hagan cargo” o que “se necesita manejo
político para dirigir el sistema”.
Sin
ir más lejos, el nuevo proyecto, en su artículo 41 modificado, señala que el
Jefe de la Emergencia -cargo que recaerá en el Director del nuevo servicio a
nivel local, provincial, regional o nacional-, Cesará en sus funciones si es
decretado estado de Excepción Constitucional, debiendo dar cuenta de las
acciones realizadas, en el más breve plazo posible y sin formalidad. Recordemos
que Estado de Excepción Constitucional es una situación en que se permite, por
la propia Constitución, restringir las libertades individuales, recayendo el
mando de las acciones en el Jefe de la Defensa, las que incluyen subsanar los
efectos de la calamidad pública.
Entonces,
este nuevo proyecto potencia la dualidad de funciones entre autoridades
políticas y fuerzas militares, vale decir, que cada vez que se decrete estado
de excepción constitucional, las fuerzas armadas asumirán el control total de
la zona afectada, debiendo las autoridades políticas ponerse a disposición o
colaborar con el Jefe de la Defensa o dar un paso al costado. Por supuesto
viene la pregunta ¿Cuándo se decrete el estado de excepción y asuma el Jefe de
la Defensa, los planes de gestión de cada comuna, provincia, región o nacional,
serán utilizados o respetados por la autoridad militar? ¿Las fuerzas militares
harán lo que saben hacer y para lo cual se entrenan permanentemente o se
apegarán a los planes elaborados por civiles y que generalmente se encuentran
desactualizados?
Las
soluciones, tomando en cuenta el título de esta carta, deben pasar por
fortalecer a las autoridades políticas con habilidades y/o capacidades de mando
y gestión, liderazgo y trabajo en equipo, y por supuesto, habilidades
comunicacionales y manejo de conflictos. Da lo mismo si los Jefes de la
Emergencia son civiles o militares, bomberos o periodistas, políticos o
apolíticos, lo que realmente importa es la capacidad de gestión que se adquiere
en primer lugar a través de una formación académica universitaria, o
equivalente, adecuada y en segundo lugar del conocimiento, al menos básico, del
sistema nacional de protección civil y manejo de emergencias.
Estos
Jefes de la Emergencia deben saber trabajar en equipo con el Jefe de la Defensa
o las autoridades militares que apoyan el Desastre, deben dejar de lado
intereses políticos y resentimientos, deben saber dirigir operaciones complejas
y equipos de trabajo mixtos y muy diversos, deben ser excelentes facilitadores
y no entorpecedores del fluido accionar de un COE y deben tener el rango
de ministro, asumiendo que los desastres generalmente han involucrado una o más
regiones.
Debemos
entregar los fondos a las municipalidades para que creen sus departamentos o
direcciones de gestión del riesgo de desastres y emergencias, con personal con
dedicación exclusiva y recursos para afrontar los niveles I y II de una emergencia.
Y entregarles recursos para que presenten proyectos de mitigación y preparación
de acuerdo a sus realidades locales, no un “cheque abierto” para manejo de
desastres, que probablemente vaya a parar a otras necesidades más urgentes y
corto placistas de cada comuna.
Debemos
entender quién manda, quien ejecuta y quien asesora, tal como señala el DS 156.
Y en este sentido, es mi opinión, que las autoridades o Jefes de la Emergencia,
ya sea en estado de excepción constitucional de catástrofe o sólo en zona de
catástrofe (que no son lo mismo) deben ser del estamento
Político-Administrativo respectivo, pero con la preparación en Gestión
Operativa adecuada.
A
estas alturas, de no ser por la Norma Sísmica, genialmente elaborada varias
décadas atrás, con cada terremoto estaríamos en el suelo. Entonces resulta
hasta ingenuo pensar en hacer gestión del riesgo mientras no subsanemos errores
conceptuales del sistema.
En
fin, debemos involucrarnos todos, ya que nos afecta a todos.
Ian
Gorayeb
Observatorio
de Reducción del Riesgo de Desastres
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