PACHANGA VS.GRD

El incidente en Las Trancas demuestra, sin lugar a dudas, que seguimos teniendo brechas importantes entre lo que se declara sobre preparación y lo que se hace en la práctica ante amenazas y desastres. El organizador priorizó el lucro, pero también fallaron el municipio y la delegación regional, y llamó la atención la conducta imprudente de muchos asistentes, visible en los medios. Tampoco hubo una comunicación clara de Carabineros advirtiendo sobre la inconveniencia de realizar un evento en pleno frente de mal tiempo.

Este comportamiento no es aislado; mientras el país enfrenta daños por los recientes frentes climáticos y una compleja situación económica, hay autoridades que incluso proponen destinar fondos de reconstrucción para festejos (fiesta de la pampilla). ¿De qué sirven entonces los COGRID, los planes de respuesta y las normativas de gestión del riesgo si, en emergencia, algunas autoridades y ciudadanos actúan de la manera como acabo de describir?.

Las normas y planes existen, pero no han calado lo suficiente en la ciudadanía ni en la gestión local. La gestión del riesgo en Chile aún tiene un largo camino: no basta con decir que estamos preparados; la preparación real requiere voluntad, control y responsabilidad colectiva.

 

 

Interdependencia energética y gestión del riesgo: implicancias de la inestabilidad geopolítica en las políticas de sostenibilidad

La actual crisis energética, derivada de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos, Irán e Israel, ha generado una presión significativa sobre el suministro de un recurso estratégico fundamental para la economía global: el petróleo. Esta situación ha evidenciado la alta dependencia de numerosos países respecto de los mercados energéticos internacionales y su vulnerabilidad ante disrupciones de carácter político y militar.

En este contexto, las sociedades contemporáneas han incorporado la reducción del riesgo de desastres (RRD) y la gestión del riesgo de desastres (GRD) como ejes orientadores de sus políticas públicas. Estos enfoques se estructuran en torno a un ciclo de gestión del riesgo, el cual establece lineamientos para la preparación, mitigación, respuesta y recuperación frente a emergencias, desastres o catástrofes. Dicho ciclo busca coordinar de manera eficiente los esfuerzos de los sectores público y privado con el fin de proteger la vida humana, los bienes materiales y el medio ambiente.

 

No obstante, resulta fundamental que la RRD y la GRD se articulen de manera coherente con otras iniciativas estratégicas, particularmente aquellas vinculadas al desarrollo sostenible y la protección ambiental. En este sentido, la reciente escalada de precios de los combustibles, asociada al conflicto en Medio Oriente, ha tenido repercusiones significativas en diversas regiones, destacando el caso de Europa. En esta región, la coyuntura ha puesto de manifiesto tensiones estructurales en la implementación de políticas ambientales ambiciosas, tales como el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030.

 

Estas iniciativas, si bien orientadas hacia la transición energética y la sostenibilidad, han evidenciado limitaciones en sus etapas de planificación y preparación, particularmente en lo relativo a la anticipación de escenarios de crisis energética. La situación actual sugiere la necesidad de integrar de manera más robusta el análisis de riesgos sistémicos en el diseño de políticas públicas, con el fin de fortalecer la resiliencia de los sistemas energéticos y económicos frente a eventos disruptivos.

 

Para profundizar en este fenómeno, les invito a revisar el análisis titulado “Irlanda colapsa: ¿es el futuro de toda Europa?”, elaborado por Marc Vidal, reconocido analista económico y divulgador tecnológico, quien ha sido destacado en rankings como Top 100 Forbes Influencers y Top Voices en LinkedIn, entre otros reconocimientos, cuyo enlace comparto a continuación:

 

https://www.youtube.com/watch?v=3OsjDMPLRLc

 

 

Daño reputacional y gestión de la respuesta ante emergencias

 

 

 

Con ocasión de la organización de la ayuda destinada a las personas damnificadas por los recientes incendios forestales ocurridos en la Región del Biobío, las redes sociales y otros espacios de opinión pública se han visto ampliamente permeados por críticas severas —en muchos casos expresadas en términos impropios— dirigidas hacia las autoridades, principalmente en relación con la percepción de tardanza en la entrega de ayuda humanitaria, tanto de elementos esenciales y de primera necesidad como de insumos orientados al inicio de los procesos de reconstrucción.

Desde el nivel central se ha informado que la ayuda se concentrará en un centro de acopio habilitado en dependencias de la empresa pesquera Camanchaca, en la comuna de Talcahuano, desde donde se supone que una vez recepcionada, clasificada y organizada, será distribuida a las personas afectadas. En esa misma línea, el Jefe de la Defensa Nacional designado para la Región del Biobío ha realizado un llamado explícito a no concurrir directamente a localidades como Penco o Lirquén, toda vez que los aportes solidarios deben ser canalizados hacia dicho centro logístico.

Desde una perspectiva operativa, este llamado resulta técnicamente adecuado. Tal como han reportado diversos medios de comunicación, la llegada masiva de personas en vehículos particulares con la intención de colaborar, si bien responde a un loable impulso solidario, en términos prácticos ha generado dificultades para el despliegue eficiente de los recursos institucionales, especialmente de maquinaria pesada y equipos de emergencia. Asimismo, esta medida apunta a mitigar un fenómeno ampliamente documentado a nivel internacional, conocido como turismo del desastre, el cual tiende a entorpecer la gestión de la respuesta en contextos de emergencia.

Existe consenso en la literatura especializada en gestión del riesgo de desastres en que aquellas acciones que no han sido debidamente planificadas y preparadas con anterioridad difícilmente logran un funcionamiento óptimo durante una crisis. En este contexto, resulta pertinente plantear la interrogante respecto de si el centro de acopio habilitado en Talcahuano formaba parte de algún instrumento de planificación previa o si existía una coordinación logística establecida con anterioridad a la ocurrencia de los incendios. Si bien la crítica por sí sola no contribuye a la solución del problema, ello no invalida la necesidad de formular cuestionamientos legítimos respecto de la planificación regional en materia de emergencias y de reducción del riesgo de desastres.

En paralelo, se ha observado que diversas organizaciones privadas, así como al menos un gobierno extranjero, han optado por canalizar la ayuda de manera directa hacia las comunidades afectadas, estimando —probablemente con fundamentos atendibles— que de este modo se evita que los aportes queden entrampados en lo que podría denominarse una “burocracia del desastre”, lo cual podría retardar la llegada efectiva de la ayuda a quienes la requieren con urgencia.

La estructuración de una especie de hub logístico centralizado en Talcahuano para la recepción y distribución de la ayuda solidaria no constituye, en sí misma, una medida incorrecta; por el contrario, desde el punto de vista técnico puede considerarse una práctica adecuada. No obstante, emerge aquí el elemento que da título a este análisis: el daño reputacional del Estado, y en particular de la actual administración, en relación con su capacidad de respuesta y apoyo a las personas damnificadas. Dicho daño reputacional no carece de sustento, toda vez que la experiencia posterior a los incendios ocurridos en la Región de Valparaíso durante el año 2025 entrega antecedentes que han alimentado la desconfianza ciudadana respecto de la acción estatal en escenarios de desastre.

En este marco, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) está evidenciando fisuras que no se esperaba persistieran a esta altura de su implementación. La fase de respuesta no puede ni debe constituirse en EL principal sostén del ciclo de gestión del riesgo en Chile, especialmente considerando la existencia de múltiples organismos públicos y privados que promueven activamente la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), siendo precisamente las instituciones públicas las responsables de elaborar y ejecutar planificaciones nacionales, regionales y comunales orientadas a la prevención, preparación y mitigación de los impactos de eventos extremos.

Finalmente, resulta necesario señalar que el Estado de Chile requiere avanzar decididamente en la reparación del daño reputacional que ha afectado al SINAPRED en los últimos años. Para ello, se hace imprescindible una autocrítica institucional profunda y, sobre todo, una revisión rigurosa de lo planificado en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, integrando de manera efectiva al sector privado y a las múltiples organizaciones de la sociedad civil que han manifestado su disposición a colaborar con los gobiernos de turno en la prevención, preparación y respuesta frente a emergencias.

 

JOSÉ RAÚL ASTROZA MUÑOZ

 Mag. en planificación de GRD.

 

DIA INTERNACIONAL DE LA REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

El próximo 13 de octubre, la ONU conmemorará el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, cuyo lema para este año 2025 es “Invertir en resiliencia, no en desastres”. Este mensaje interpela a gobiernos, empresas y comunidades a aumentar las inversiones destinadas a la prevención y preparación frente a emergencias, recordándonos que es mucho más económico y eficaz prevenir que reconstruir.

En Chile, los últimos cinco años han marcado un cambio significativo en materia de gestión del riesgo de desastres en los centros de trabajo. La creación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Ley N°21.364), junto con el nuevo Reglamento sobre Gestión Preventiva de Riesgos Laborales (DS N°44/2024), han establecido que todas las empresas —grandes, medianas y pequeñas— deben integrar en su gestión preventiva instrumentos concretos como matrices de riesgo, mapas de amenazas y planes de gestión ante desastres.

Estas disposiciones reflejan un paso decisivo hacia una cultura preventiva moderna, en la cual el lugar de trabajo se concibe como un espacio resiliente, preparado para enfrentar amenazas naturales y antrópicas. La incorporación de la Ley Marco de Cambio Climático (N°21.455/2022) refuerza esta visión, al exigir que tanto el sector público como el privado deban considerar los riesgos climáticos y adopten medidas de adaptación en sus procesos productivos y operacionales.

Sin embargo, más allá de la obligación legal, la prevención debe asumirse como una inversión estratégica. Las empresas que anticipen riesgos, capaciten a su personal, actualicen sus planes y coordinen acciones con las autoridades, no sólo protegen vidas y bienes, sino que también garantizan la continuidad de sus operaciones frente a eventuales emergencias.

Por ello, resulta fundamental que las organizaciones —sin importar su tamaño— asuman el compromiso de incorporar la gestión del riesgo de desastres en su planificación, presupuesto y cultura laboral, aprovechando la asistencia técnica que hoy ofrecen los organismos administradores y las guías oficiales del Ministerio del Trabajo.

La resiliencia no se improvisa, se construye con anticipación, planificación y responsabilidad. Invertir en resiliencia es, en definitiva, invertir en el futuro del país, en la seguridad de los trabajadores y en la sostenibilidad de nuestras empresas.

 

Raúl Astroza Muñoz
Consultor en Gestión de Riesgo de Desastres
Socio fundador AGRICET A.G.

 

 

Entrega de certificación de sistema de GRD en Metro S.A. Chile

El viernes 12 de julio la Mutual de la CChC hizo entrega a Metro la certificación del centro de trabajo Taller Lo Ovalle del Metro S.A., luego de haber cumplido el proceso de implementación del  sistema de gestión de riesgos de desastres en empresas, proceso que se extendió por 7 meses del año 2023. En dicho proceso me correspondió constituirme como el asesor técnico del proyecto por parte de la Mutual de la CChC. Gran trabajo realizado por parte de Metro y la Mutual, y que se espera se extienda a otros centros de trabajo de la empresa de transportes.

 

INCENDIOS EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO, CHILE 1

Comunicaciones durante una emergencia

ENTEL Chile ha señalado que de algo más de 400 antenas de telefonía celular que tiene en la región de Valparaíso, 151 resultaron dañadas con los incendios, muchas de ellas completamente. Se señaló que los daños llegaron rápidamente no sólo a las antenas, también a los equipos, incluso mucho antes que las llamas mismas, ya que la radiación de calor que produce el fuego dañó equipos y generó la ebullición del electrolito al interior de las baterías.

ENTEL indicó que levantaron parte de los enlaces con apoyo de STARLINK, de Elon Musk. A fines del 2024, ENTEL promete habilitar mensajería de texto con STARLINK en situaciones de emergencia, y a finales del 2025 eso se extendería a voz y datos.

Desde la mirada de la GRD la primera interrogante que surge es saber si este respaldo también lo tienen como plan de contingencia MOVISTAR, VTR, CLARO o WOM, que son el resto de las operadoras de telefonía celular en Chile.

Si las demás operadoras de telefonía celular no cuentan con un respaldo igual, ¿existe un plan de contingencia para que ENTEL preste apoyo a las otras operadoras con un pago posterior por el servicio de apoyo?.

Esto sólo es parte del análisis de lo que debieran ser las comunicaciones durante las emergencias, materia en la que se ha venido avanzado muy lentamente desde el terremoto del 27F.

Experto Chileno en RRD y GRD es entrevistado en radio Bio Bio

 

¿ES LA ISOTERMA EL PROBLEMA?

 

Pareciera ser así y es la impresión que queda después de escuchar a periodistas, comentaristas y expertos en los medios de prensa. Aquí aparece la figura de los meteorólogos de la tv, que parecieran ser los Rock star del clima. Años atrás se hablaba en Chile de que las emergencias se bomberizaban (en alusión a los Bomberos), ahora podríamos decir que las emergencias se metereologizan; les comparto una imagen de la Dirección de meteorología difundiendo a través de X, ex twitter, una alerta meteorológica.

Emitir una alerta a la población, sin explicar que implica me parece irresponsable; es SENAPRED quien debiera informarla a la ciudadanía, también lo que involucra para la comunidad esta situación; la respuesta no se trata de una carrera por avisar la mala nueva, eso no es GRD.

Volviendo a la isoterma, y considerando que los desastres no son naturales, se puede decir entonces que el real problema es la falta de gestión de riesgos, materializada por la mala planificación urbana, la ausencia de tratamiento de cauces, etc. Además, prometer a la ciudadanía que el riesgo puede ser 0 tampoco es real, ni siquiera en USA con la FEMA o las múltiples instituciones públicas y privadas relacionadas con la GRD se puede eliminar por completo los efectos de las amenazas de origen natural.

Mitigación, preparación, respuesta, recuperación, cuatro términos que aún están al debe en Chile, en especial en los medios de comunicación.

 

¿Somos reactivos?

 

Todos los años la prensa Chilena identifica al primer día hábil laboral y estudiantil de marzo como el “súper lunes”; Carabineros comunica que aumentará significativamente su dotación en las calles, el ministerio de transportes informa que se coordinará con las empresas de transporte público para que aumenten la cantidad buses y periodicidad de los recorridos y así se suman otros servicios públicos y privados preparándose para este “súper lunes”. Al respecto me pregunto si el martes que sigue a ese lunes irá menos gente a trabajar o a estudiar, y creo que la respuesta es NO. Siendo así las cosas, ¿porqué ese día es distinto a cualquier otro de abril, junio o agosto?.

Mirando desde otra perspectiva, ¿se podría decir entonces que Carabineros, RED (ex transantiago) y todo el resto de servicios públicos funcionan a ½ ó ¾ de máquina el resto del año, excepto ese día lunes?.

Siendo Chile un país sujeto a distintas amenazas, este tipo de circunstancias tendrían que ser abordadas de acuerdo a procedimientos normales, y los entes públicos y privados no debieran montar una especie de espectáculo que pareciera demostrar que todos los años el país está sujeto a un evento para el cual no se encuentra debidamente capacitado.

 

 
RAÚL ASTROZA MUÑOZ
Consultor en GRD
contacto@orrd.cl
Santiago de Chile

LA COMUNICACIÓN DEL RIESGO EN PANDEMIA

 

  Imagen 1: Fuente CNN Chile

 

 

 

  Imagen 2: Fuente T13

 

 

La PHO/OPS define la comunicación del riesgo como:

“La comunicación de riesgo, se refiere al intercambio en tiempo real, de información, recomendaciones y opiniones, entre expertos y/o funcionarios y personas que se enfrentan a una amenaza (riesgo) para su sobrevivencia, su salud o su bienestar económico o social. El objetivo final de la comunicación de riesgos es que toda persona expuesta a un riesgo sea capaz de tomar decisiones informadas para mitigar los efectos de la amenaza (riesgo), como el brote de una enfermedad, y tomar las medidas y acciones de protección y prevención”.

Mucho se ha hecho alusión a que la comunicación del riesgo hace alusión única y exclusivamente a los que el poder ejecutivo difunda en relación al tema de la pandemia que estamos viviendo, olvidando que éste concepto es mucho más amplio que esa simple interpretación que le da la prensa. Cabe mencionar que a la definición antes señalada y cuya autoría es de la PAHO/OPS; yo agregaría que las actitudes de las autoridades respecto a un desastre o catástrofe en particular, también comunican y sirven eventualmente de ejemplo.

En la primera imagen, aparece la recién estrenada gobernadora de Aysén, entrevistada a raíz del alza en los contagio en su región; ante la sentencia de parte de la autoridad referida a la falta de vacunación de refuerzo en habitantes de la zona, la periodista le consulta cuantos son los que no se han vacunado, a lo que la autoridad responde que no sabe; en otra parte de la entrevista, la misma autoridad hace alusión a una supuesta inoculación con vacunas vencidas; la entrevistadora por lógica consulta por lo sucedido, y nuevamente la autoridad regional señala que le faltan antecedentes.

No es aceptable que una figura pública que está partiendo en su cargo tenga esa falta de información, sobre todo tomando en cuenta que el tema es la pandemia está afectando a todo el mundo y aún no ha sido resuelta.

Claramente aquí tenemos una mala comunicación del riesgo de parte de una autoridad, quien al emplear los medios de comunicación para informar a la opinión pública, aparece sin información precisa, algo grave tomando en cuenta que la situación de la pandemia está más controlada que lo ocurrido a principios del 2020, por lo que se presumiría que cualquier autoridad que se refiera públicamente al tema del COVID, lo hará con antecedentes y datos que la población pueda recibir como información bien fundada y no sólo comentarios, no muy distintos a los que haría cualquier ciudadano de a pié.

En la segunda imagen aparece un diputado, que ante una contienda parlamentaria, vulnera una de la medidas que se le impuso a toda la población ante la aparición del COVID-19, y que dice relación con esperar los plazos que la misma autoridad implementó en relación con la estrategia de TTA (Testeo, trazabilidad y aislamiento), es más, este mismo representante ya expresó la necesidad de que la autoridad controle a todos los ciudadanos de la misma manera, a raíz de la aplicación de un sumario sanitario en Junio del 2020 por un funeral, donde él exigió la misma vara de medida para todo el mundo.

Hace 2 días el Colegio médico expresaba lo siguiente en relación al caso en cuestión: “COLMED critica "señal" del diputado Sabag tras viajar sin esperar resultado de su PCR: "No es recomendable"

Se expresa que “no es recomendable”, en circunstancias que la misma instancia gremial ha mantenido una línea en el sentido de respetar a todo evento los plazos de cuarentena, es más, no hace mucho tiempo sugirieron un encierro o lockdown completo del país para materializar lo que ellos denominaron el “cortocircuito”.

Tanto la actitud del diputado como de la agrupación gremial entregan una mala comunicación del riesgo, toda vez que la ciudadanía ha tenido que asumir y cumplir todas las medidas que le han sido impuestas a raíz de la pandemia, y lo obrado en ambos casos demuestra poca consecuencia especialmente pensando en que la población no tiene la posibilidad de vulnerar las restricciones, ni siquiera por causas de importancia como lo fue el año 2020, cuando muchas personas con enfermedades crónicas no pudieron acceder a sus tratamientos u operaciones. 

 

RAÚL ASTROZA

Experto en GRD