Con ocasión de la organización de la ayuda destinada a las personas damnificadas por los recientes incendios forestales ocurridos en la Región del Biobío, las redes sociales y otros espacios de opinión pública se han visto ampliamente permeados por críticas severas —en muchos casos expresadas en términos impropios— dirigidas hacia las autoridades, principalmente en relación con la percepción de tardanza en la entrega de ayuda humanitaria, tanto de elementos esenciales y de primera necesidad como de insumos orientados al inicio de los procesos de reconstrucción.
Desde el nivel central se ha informado que la ayuda se concentrará en un centro de acopio habilitado en dependencias de la empresa pesquera Camanchaca, en la comuna de Talcahuano, desde donde se supone que una vez recepcionada, clasificada y organizada, será distribuida a las personas afectadas. En esa misma línea, el Jefe de la Defensa Nacional designado para la Región del Biobío ha realizado un llamado explícito a no concurrir directamente a localidades como Penco o Lirquén, toda vez que los aportes solidarios deben ser canalizados hacia dicho centro logístico.
Desde una perspectiva operativa, este llamado resulta técnicamente adecuado. Tal como han reportado diversos medios de comunicación, la llegada masiva de personas en vehículos particulares con la intención de colaborar, si bien responde a un loable impulso solidario, en términos prácticos ha generado dificultades para el despliegue eficiente de los recursos institucionales, especialmente de maquinaria pesada y equipos de emergencia. Asimismo, esta medida apunta a mitigar un fenómeno ampliamente documentado a nivel internacional, conocido como turismo del desastre, el cual tiende a entorpecer la gestión de la respuesta en contextos de emergencia.
Existe consenso en la literatura especializada en gestión del riesgo de desastres en que aquellas acciones que no han sido debidamente planificadas y preparadas con anterioridad difícilmente logran un funcionamiento óptimo durante una crisis. En este contexto, resulta pertinente plantear la interrogante respecto de si el centro de acopio habilitado en Talcahuano formaba parte de algún instrumento de planificación previa o si existía una coordinación logística establecida con anterioridad a la ocurrencia de los incendios. Si bien la crítica por sí sola no contribuye a la solución del problema, ello no invalida la necesidad de formular cuestionamientos legítimos respecto de la planificación regional en materia de emergencias y de reducción del riesgo de desastres.
En paralelo, se ha observado que diversas organizaciones privadas, así como al menos un gobierno extranjero, han optado por canalizar la ayuda de manera directa hacia las comunidades afectadas, estimando —probablemente con fundamentos atendibles— que de este modo se evita que los aportes queden entrampados en lo que podría denominarse una “burocracia del desastre”, lo cual podría retardar la llegada efectiva de la ayuda a quienes la requieren con urgencia.
La estructuración de una especie de hub logístico centralizado en Talcahuano para la recepción y distribución de la ayuda solidaria no constituye, en sí misma, una medida incorrecta; por el contrario, desde el punto de vista técnico puede considerarse una práctica adecuada. No obstante, emerge aquí el elemento que da título a este análisis: el daño reputacional del Estado, y en particular de la actual administración, en relación con su capacidad de respuesta y apoyo a las personas damnificadas. Dicho daño reputacional no carece de sustento, toda vez que la experiencia posterior a los incendios ocurridos en la Región de Valparaíso durante el año 2025 entrega antecedentes que han alimentado la desconfianza ciudadana respecto de la acción estatal en escenarios de desastre.
En este marco, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) está evidenciando fisuras que no se esperaba persistieran a esta altura de su implementación. La fase de respuesta no puede ni debe constituirse en EL principal sostén del ciclo de gestión del riesgo en Chile, especialmente considerando la existencia de múltiples organismos públicos y privados que promueven activamente la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), siendo precisamente las instituciones públicas las responsables de elaborar y ejecutar planificaciones nacionales, regionales y comunales orientadas a la prevención, preparación y mitigación de los impactos de eventos extremos.
Finalmente, resulta necesario señalar que el Estado de Chile requiere avanzar decididamente en la reparación del daño reputacional que ha afectado al SINAPRED en los últimos años. Para ello, se hace imprescindible una autocrítica institucional profunda y, sobre todo, una revisión rigurosa de lo planificado en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, integrando de manera efectiva al sector privado y a las múltiples organizaciones de la sociedad civil que han manifestado su disposición a colaborar con los gobiernos de turno en la prevención, preparación y respuesta frente a emergencias.
JOSÉ RAÚL ASTROZA MUÑOZ
Mag. en planificación de GRD.
